Un Lider, por favor

Si un contribuyente cualquiera, que ha obtenido modestas utilidades el año pasado, se acerca a la SUNAT con la pretensión de no pagar el Impuesto a la Renta, aduciendo que invertirá el total de sus beneficios en hacer crecer su negocio para emplear a una ó dos personas más, lo más probable es que el funcionario de contribuciones se sonría y no pierda más tiempo en escucharlo, denegando su pedido de plano. Pero si el contribuyente es la Sociedad Minera Cerro Verde, cuyas utilidades netas fueron de 220 millones de soles el año pasado, un solícito ministro de energía, emitirá una resolución aceptando el no pago, bajo el argumento de que la nueva inversión favorecerá al país. En consecuencia, estos impuestos que constituyen el llamado Canon Minero, dejarán de percibirse en parte, afectando seriamente los presupuestos de los gobiernos municipales. Esa es, en resumen, la situación que ha generado el conflicto de los alcaldes con la minera Cerro Verde, cuyo accionista mayoritario, la norteamericana Phelp Dodge, es una de las empresas más rentables en el mundo, debido a la extraordinaria alza del precio del cobre en el mercado internacional. Amparada en ese decreto, que se originó en el gobierno corrupto de Fujimori, la minera Cerro Verde se resiste a pagar un impuesto que pagamos todos los demás peruanos, aún cuando sus ganancias han sobrepasado toda previsión optimista. El precio del cobre sigue subiendo y se espera cotizaciones similares por lo menos en los próximos dos años. También se ha resistido, hasta el momento, a pagar las regalías establecidas por ley desde 2004, amparándose en un contrato de estabilidad tributaria, también de la época fujimorista. Pero en el debate generado, no se está considerando que, de aprobarse el TLC en los próximos meses, la minera tendrá un argumento decisivo para mantener su posición de no pagar regalías. La empresa puede considerar afectadas sus expectativas de ganancia, lo cual, según el tratado, es una expropiación indirecta que SMCV puede denunciar ante tribunales internacionales, sin que el país pueda tomar medida legal alguna. En otras palabras, apenas se ratifique el TLC, deberemos olvidarnos de las regalías. Lo que más sorprende, sin embargo, es que ante esta crítica situación que impacta fuertemente la economía de los municipios locales, quienes reclaman lo hacen disputándose los pequeños espacios que esta tribuna les otorga y, de nuevo, sin ponerse de acuerdo entre sí. Daniel Vera, aparentemente, sabotea las acciones de Yamel Romero y éste desconoce a la Asociación de alcaldes, ligados al primero. Más allá de estos previsibles figuretismos, el hecho es que Arequipa no merece que, desde Lima, le arrebaten sus rentas, en perjuicio de su población. Lo peor, después de todo, es que no hay verdaderos líderes que la defiendan.